Encendí una pequeña linterna de luz blanca, cuidando de no iluminar hacia las rejillas de ventilación superiores.
El olor a papel viejo, moho y humedad me toca de inmediato.
Comencé a revisar caja por caja, archivador por archivador.
Encontré las actas constitutivas originales.
Los primeros contratos de crédito firmados con mis padres como avales hipotecarios. Y al fondo de la última gaveta metálica, oculta detrás de unos manuales técnicos de bioseguridad obsoletos, encontró una carpeta plástica de color negro con la etiqueta «Proyecto Fénix – Confidencial».
Me senté sobre una caja de madera y abrí la carpeta con devoción forense.
Las primeras páginas eran contratos de fideicomiso irrevocables celebrados en un paraíso fiscal del Caribe.
El beneficiario en caso de fallecimiento o incapacidad de Sebastián no era yo.
Tampoco lo era nuestra fundación benéfica.
El cien por ciento de las acciones preferenciales de Sebastián en Grupo Innova quedaron asignadas a un menor no nacido, representado legalmente por Camila Estrada Montemayor hasta su mayoría de edad.
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