Y otra.
Al principio creyó que se trataba de una notaría irresponsable, pero al seguir el dinero descubrió que varias propiedades terminaban temporalmente en empresas distintas y después eran revendidas.
El beneficiario final era siempre el mismo grupo.
Adrián.
Mariana se negó a creerlo.
Era familia.
Había cargado a sus sobrinos cuando eran bebés.
Había pagado una parte de los gastos del funeral de su hermano.
Se sentaba en la mesa durante Navidad como si fuera uno más de nosotros.
Por eso buscó más pruebas antes de denunciar.
Julián, que había trabajado años atrás como chofer para una de las empresas de Adrián, reconoció algunos nombres y comenzó a ayudarla.
Siguieron vehículos.
Fotografiaron reuniones.
Registraron matrículas.
Descubrieron que Adrián pagaba a empleados municipales, intermediarios y funcionarios para localizar propiedades pertenecientes a personas mayores, especialmente aquellas cuyos hijos vivían fuera del estado.
Su gente falsificaba documentos, obtenía poderes apócrifos, simulaba compraventas y movía el dinero a través de empresas fantasma.
Mariana reunió suficiente información para entregar el caso a autoridades federales.
Pero cometió un error.
Le dijo a Adrián que sabía lo que estaba haciendo.
Ella creyó que podría asustarlo.
Él decidió silenciarla.
Según Julián, dos días antes de morir Mariana le entregó copias de varios documentos.
—Si me pasa algo, ve con Daniela —le dijo—. Ella entiende estos movimientos mejor que nadie.
También escondió la memoria dentro del oso de Renata porque sabía que Adrián había comenzado a revisar su casa cada vez que la visitaba.
La noche del crimen, una cámara de una vivienda cercana captó parcialmente dos vehículos entrando en la calle.
Uno pertenecía a una empresa de Adrián.
