El silencio fue inmediato.
Poco después llegaron dos trabajadores del DIF municipal. Les mostré las fotografías: los dos candados, la puerta, el interior, el agua, la calefacción y las condiciones en que había encontrado a Diego.
No exageré nada.
También dije lo que favorecía a mis padres.
Diego estaba alimentado.
Su ropa estaba limpia.
No había heridas visibles.
Existían medicamentos y señales de atención médica.
Yo no quería inventar monstruos. Quería saber la verdad completa.
Uno de los trabajadores preguntó:
—¿La puerta se cerraba habitualmente desde afuera?
Mi padre tardó en responder.
—Sí. Por protección.
—¿Desde cuándo?
Papá miró a mamá.
—Desde hace años.
—¿Qué hacían cuando Diego pedía salir?
Nadie contestó.
Aquella pregunta fue la primera grieta real.
Mis padres podían explicar la comida.
Podían explicar los medicamentos.
No podían explicar por qué un adulto debía vivir dieciocho años detrás de una puerta que solo otra persona podía abrir.
Durante los días siguientes comenzó una evaluación. No se trataba de sacar a Diego a la fuerza y meterlo inmediatamente en otro lugar. El trabajador responsable, el licenciado Santiago Herrera, insistió en algo que mis padres jamás habían hecho:
había que averiguar qué quería Diego.
La primera conversación fue difícil.
Santiago se sentó a cierta distancia.
—Diego, ¿quieres seguir viviendo aquí?
Mi hermano bajó la mirada.
No respondió.
Mi padre cruzó los brazos.
—¿Lo ve? Ni siquiera entiende la pregunta.
Santiago levantó una mano.
—Que no responda no significa que haya elegido quedarse.
Esa frase pareció molestar más a mi padre que cualquier acusación.
Al día siguiente probaron de otra manera.
En un lugar tranquilo, sin mis padres delante, hicieron preguntas cortas.
