Eran las tres de la madrugada en el hospital cuando entré a medicar a la mujer aislada. De pronto, ella agarró mi brazo, temblando: “Ayúdame, mi marido le pagó al cardiólogo para envenenarme y quedarse con mis quince sucursales”. Llevaban doce años casados. En vez de llamar al médico de guardia, tomé dos tubos de sangre en secreto y preparé los documentos legales. La trampa mortal estaba lista.

Su primer instinto fue marcar al 911, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que una enfermera de un hospital público robó sangre de una paciente para llevarla a un laboratorio privado sin autorización? En el sistema corrupto de la ciudad, si llamaba a la policía local, el doctor Osvaldo —con sus conexiones sindicales y amigos en el Ministerio Público— movería un par de hilos, los resultados serían declarados inválidos, a ella la meterían a la cárcel por negligencia o robo de insumos, y Gloria amanecería muerta antes del fin de semana.

Necesitaba a alguien con más poder, alguien que estuviera por encima de Osvaldo y que no pudiera ser comprado. Buscó en su celular y encontró el nombre: Doctora Carmen Mendoza, la Secretaria de Salud del Estado y exdirectora del Hospital Regional. Una mujer con fama de implacable, de mano dura contra la corrupción hospitalaria.