El carácter público e inalienable de las costas: Las playas son bienes de dominio público. Ningún establecimiento privado, club de playa o concesionario puede bloquear el libre tránsito o restringir el uso de las pasarelas de acceso a la arena.
Autonomía y seguridad del usuario: La infraestructura inclusiva busca permitir que las personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial puedan disfrutar del espacio natural con la mayor independencia y seguridad posibles.
En consecuencia, la ausencia de accesibilidad en zonas turísticas constituye una barrera que vulnera el derecho al libre tránsito y al ocio inclusivo.
Mitos comunes sobre la accesibilidad en las playas y la legislación
Existen diversas falsas creencias que se propagan en redes sociales cuando se viralizan denuncias en zonas costeras. No obstante, las normativas urbanísticas y ambientales aclaran la realidad:
Mito 1: «Instalar pasarelas o infraestructura de accesibilidad en la playa daña irreversiblemente el ecosistema de dunas.»
Falso. La ingeniería ambiental moderna utiliza estructuras enrollables, pasarelas modulares desmontables y materiales reciclados no invasivos que protegen la vegetación dunar al canalizar el paso peatonal por vías delimitadas.
Mito 2: «Los balnearios privados tienen derecho a cobrar una tarifa extra por usar las rampas o sillas anfibias.»
La realidad: En la mayoría de las legislaciones nacionales, los servicios de accesibilidad en playas concesionadas o públicas deben ser de uso gratuito o estar garantizados como parte de los servicios básicos de atención al ciudadano.
Explotación de la indignación, clickbait y fiscalización comunitaria
El tratamiento de las denuncias sobre accesibilidad en plataformas digitales puede oscilar entre la fiscalización ciudadana válida y el amarillismo. En consecuencia, debes considerar los siguientes aspectos:
El uso de enfrentamientos para generar interacciones: Múltiples canales recortan videos de discusiones entre veraneantes y personal de seguridad para enfocar el conflicto en el altercado verbal, omitiendo explicar el marco legal o la solución administrativa del problema.
