El carácter público e inalienable de las costas: Las playas son bienes de dominio público. Ningún establecimiento privado, club de playa o concesionario puede bloquear el libre tránsito o restringir el uso de las pasarelas de acceso a la arena.
Autonomía y seguridad del usuario: La infraestructura inclusiva busca permitir que las personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial puedan disfrutar del espacio natural con la mayor independencia y seguridad posibles.
En consecuencia, la ausencia de accesibilidad en zonas turísticas constituye una barrera que vulnera el derecho al libre tránsito y al ocio inclusivo.
Mitos comunes sobre la accesibilidad en las playas y la legislación
Existen diversas falsas creencias que se propagan en redes sociales cuando se viralizan denuncias en zonas costeras. No obstante, las normativas urbanísticas y ambientales aclaran la realidad:
Mito 1: «Instalar pasarelas o infraestructura de accesibilidad en la playa daña irreversiblemente el ecosistema de dunas.»