Elena, mi abogada, entregó los estados de cuenta y las escrituras relacionadas con el fideicomiso. La Fiscalía abrió una línea financiera y solicitó peritajes contables y documentales.
Cada documento abría otra puerta.
Una empresa vinculada a un antiguo socio había recibido dinero del fideicomiso y después compró un terreno que terminó en manos de una inmobiliaria de Arturo.
Otra sociedad pagó remodelaciones de una casa de descanso en Valle de Bravo.
Había transferencias disfrazadas como “préstamos”, pagos a proveedores inexistentes y retiros autorizados con firmas que los peritos consideraron imitadas.
Mis abuelos habían construido ese patrimonio durante cuarenta años. Mi abuelo levantó una fábrica pequeña en Naucalpan y mi abuela administró propiedades que compraron poco a poco. Querían que sus hijos y nietos tuvieran un respaldo.
Mi padre convirtió esa confianza en una caja personal.
Y mi madre lo ayudó.
Lo más doloroso fue descubrir que algunos familiares habían sufrido sin saber por qué. Una tía pospuso una operación porque le dijeron que no había liquidez. Un primo pidió créditos para la universidad de su hija. A otro tío le aseguraron que una propiedad se había vendido con pérdida.
El dinero sí existía.
Solo estaba en negocios, inversiones y propiedades ligadas a mis padres.
Cuando los primeros familiares recibieron los informes del peritaje, comenzaron las disculpas.
Mi tía Marcela lloró por teléfono.
—Daniela, yo repetí lo que dijo tu mamá. Te juzgué sin preguntarte nada.
No todos eran inocentes. Un tío había firmado documentos sin leerlos porque Arturo le daba beneficios. Otro sabía que las cuentas no cuadraban y prefirió callar.
La verdad no dividió a la familia.
La verdad mostró que la división ya existía.
